El presidente de Bolivia, Evo Morales, demandó a su homólogo estadounidense, Donald Trump, facilitar la extradición del exmandatario boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada, tras el anuncio de un juicio en EE.UU. en su contra por una demanda de familiares de víctimas de la llamada "guerra del gas" en 2003.
En un mensaje en Twitter, Morales destacó que un juez de Estados Unidos rechazara la "chicana" (artimaña jurídica) de Sánchez de Lozada y de su exministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín, "y decidió iniciar, el 5 de marzo, un juicio civil contra los autores prófugos de la masacre de octubre 2003".
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"Trump debe dejar de proteger a asesinos del pueblo y facilitar pronta extradición", agregó el mandatario.
Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003) está radicado en Estados Unidos desde octubre de 2003, cuando renunció a su segundo mandato apenas catorce meses después de haberlo comenzado tras las decenas de muertes que causó una represión militar contra manifestaciones antigubernamentales.
Morales espera que Trum no ponga resistencia a la petición
Por esas muertes, el actual Gobierno boliviano ha reclamado formalmente a EE.UU. la extradición de Sánchez de Lozada para que responda en un juicio en el que está acusado de genocidio.
El vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, informó hoy del juicio en Estados Unidos contra Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín a partir del próximo 5 de marzo en una corte federal en Fort Lauderdale, en el Estado de Florida.
García Linera subrayó que "los van a enjuiciar por los muertos del año 2003 por la represión, por las muertes de nuestros hermanos" en La Paz y la ciudad vecina de El Alto.
Según un comunicado difundido por el Gobierno boliviano, "será la primera vez que un exjefe de Estado se sentará frente a sus acusadores en un juicio civil de derechos humanos en una corte en los Estados Unidos".
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Las familias de ocho fallecidos en aquellas movilizaciones demandaron a Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín con el cargo de planificar matanzas extrajudiciales, que pueden juzgar tribunales de Estados Unidos en virtud de una ley de este país sobre protección de víctimas de tortura, de acuerdo con el comunicado.
Los demandantes están representados por abogados de organizaciones de Estados Unidos como el Centro de Derechos Constitucionales y la Clínica de Derechos Humanos Internacionales de la Facultad de Derecho de Harvard, entre otros.
